En los últimos días, fueron presentadas dos iniciativas políticas y sociales muy disímbolas que llaman, desde muy diferentes tribunas, a la reflexión sobre lo que debe ocurrir en el país.

Una de ellas fue dada a conocer apenas hace unas horas (el lunes a las 1000AM)  y contó con la cobertura masiva de los principales medios de comunicación, encabezados por los dueños de las dos televisoras dominantes: Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Fue la presentación en sociedad de Iniciativa México, una curiosa manera de hacerle caso a las autoridades federales de no dar a conocer sólo malas noticias vinculadas con el crimen, sino todo aquello que hacen miles de mexicanos por el bien de la comunidad y que apenas es difundido por los medios.

La otra iniciativa se llama Equidad social y parlamentarismo, argumentos para el debate de una época, y fue presentada el sábado pasado por José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, en representación del Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática, el centro de ideas fundado en 1989 y al que pertenecen medio centenar de periodistas, académicos y politólogos. A diferencia de la primera, la de Woldenberg contó con escasísima cobertura de medios.

¿Qué se busca?

No entiendo bien qué quieren lograr en el mediano plazo con Iniciativa México, si atendemos a los propósitos que le dan origen y que anuncian en su propia página (www.iniciativamexico.org).

En el más puro estilo de hablar sin decir nada, los promotores de Iniciativa México dicen que se trata de una convocatoria “sin precedente en un año histórico”, y que lo que busca es rescatar “al México dinámico y emprendedor así como reconocer y exaltar los esfuerzos de las personas que, con sus iniciativas, trabajan por el México que todos queremos”.

Muy bien, pero ¿cuál es el México que todos queremos? En la ceremonia fue presentado un video con personalidades que explican lo que esperan de México: sobran los buenos deseos y anhelos de ver una patria unida, trabajadora y en paz. Así nomás. Igual desfilaron en ese video Elena Poniatowska que Emilio Álvarez Icaza, Ricardo Zamora o Denise Dresser, quien minutitos antes, en el programa de radio con Carmen Aristegui, le había pegado una paliza a las televisoras que convocaban a la Iniciativa México.

Una vez más, era un llamado voluntarista (“los mexicanos somos más que nuestros problemas”, dijo Soledad Loaeza), y Carlos Loret de Mola cerró con un discurso como de concurso de oratoria preparatoriana (del tipo ¡échemosle ganas México! Que ya popularizó Javier Aguirre).

No hubo, en la presentación de la Iniciativa, presencia de ninguna autoridad ni local ni federal. Estuvieron, eso sí, los directores y rectores de las principales instituciones de Educación Superior así como el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

¿Cuál era el mensaje además de mostrar la musculatura a la que ya nos tienen acostumbrados Televisa y TV Azteca? Porque, una vez más, lograron convocar a una porción muy importante de la inteligencia nacional (rectores e intelectuales), y a los dueños de diarios y radiodifusoras, en la lógica, quizá, del “podemos hacerlo sin el gobierno”.

Lo único que se echa de menos en esta iniciativa mediática, es la solución de continuidad. ¿Cuántos meses durará el impulso? Pocos y luego, otra vez, a lo de siempre. Porque este compromiso es simple (o simplón): No digo que esté mal reconocer a quienes hacen y han hecho cosas buenas para el país. Desde luego. Lo malo es que si la misma Iniciativa México no propone lo que estructuralmente debe cambiar en el país, todo quedará en una acción de relumbrón, tan relevante como el Teletón, pero nada más.

Del otro lado, lo que Woldenberg presentó fue un documento con dos ejes: Equidad y parlamentarismo. “Dos reformas, sólo dos, que concentren todos los esfuerzos para modifi­car el rostro enmarañado y pesimista del país”.

Como en ese documento, de 56 páginas, se presentaron muchas ideas y un largo diagnóstico, vale la pena que le dedique un comentario por separado.

Me quedo por ahora con la congoja de que sean los poderes mediáticos los que nos convoquen a reflexionar, en una acción más bien parecida a un reality tipo Big Brother que a una discusión profunda, sobre el rumbo que debe seguir el país. (Continuará)

Era un niño, acababa de terminar de jugar -no recuerdo qué, quizá no me lo dijo-, uno de sus amigos y él se sentaron en la banqueta, a descansar y platicar, coincidentemente ambos tenían la mirada clavada en el asfalto. Entonces escucharon algo cercano a una pelea, mi amigo se irguió para alcanzar a ver qué sucedía. Justo al levantar su cabeza se escuchó un tiro. Volteó y encontró a su amigo con el cuerpo tendido en el piso que antes miraba, le pegaron justo en la sien. Lo mataron y no hubo culpables, no hubo justicia institucional. Sólo un niño muerto.

La curiosidad salvó a mi amigo, quien me dejó saber cuánto han sufrido en Colombia por las FARC, sus crímenes y sus “vacunas”. Por su calidez humana siempre he querido para los colombianos lo mismo que quiero para los mexicanos. Y a mí me gustaría que en México tuviéramos un Presidente comprometido con un cambio social a través de la educación.

Esa oportunidad la tienen en Colombia en este momento, Antanas Mockus, quien aspira a suceder a Álvaro Uribe en la Presidencia colombiana, es un hombre que siendo alcalde de Bogotá logró transformar la manera en que los habitantes de esa capital interactúan. Mockus representa la posibilidad de un gobierno con un enfoque centrado en la rehabilitación social mediante estrategias pedagógicas, lo cual puede erradicar en el largo plazo a la guerrilla y a los paramilitares.

Sin embargo, en las elecciones de ayer perdió -y por más de 20 puntos- ante el candidato que hace no mucho fue ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos. Lo cual significa que en Colombia ganó el miedo: el miedo a las FARC, el miedo a Hugo Chávez, el miedo a un gobernante con principios de Parkinson.

Seguramente a mi amigo no le parecerá bien mi apoyo a Mockus -no pasa nada, parce, al fin que yo no voto-. Pero es imposible no señalar que una vez más los militares derrotaron a la esperanza de tener pueblos mejor educados, más humanos. Aun así esto no ha terminado, el 20 de junio se verá, cuando venga el segundo round…

Foto: Un mimo señala a un conductor que está obstruyendo el paso peatonal. Esta política fue adoptada por Mockus durante sus gestiones como alcalde de Bogotá.

El procurador de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz.

Toda persona, toda institución, todo ente que figure en la vida de alguien, tiene días en los que pierde la razón. El problema es que ya llevamos un par de semanas desde que periodistas, directivos de medios de comunicación y autoridades judiciales entraron en un estado de locura grupal.

Periódicos, televisoras y radiodifusoras derrochan espacios, recursos humanos y materiales para contar los pormenores de la historia de una niña que primero desapareció, y luego “apareció”, pero muerta en su casa y se sospecha de los padres. El hecho es trágico, sí, pero no más que las decenas de asesinatos que suceden a diario en todo el país.

El origen de este fenómeno mediático está en los actores relacionados con el acontecimiento, quienes están dispuestos a contar con lágrimas inexistentes hasta de qué lado de la cama dormía quién. La idea errónea que tienen los padres de la niña sobre la función de los medios de comunicación es la que los invita a llevar su proceso judicial y personal a los noticieros que ellos tienen por más vistos.

Los medios periodísticos que creen firmemente en un tratamiento de la información equiparable a un reality show también son responsables de los días de insania que vivimos. A varios de ellos, desde el punto de vista judicial, se les podría presumir de responsables o copartícipes en el supuesto asesinato de la niña; por mencionar un ejemplo, a quienes reportearon desde el cuarto donde a la postre se encontró el cuerpo sin vida.

Y si a este amasijo le añadimos un Procurador de justicia cuyo criterio le dicta que lo mejor es hacer su investigación desde foros televisivos y cabinas radiofónicas, nos resulta una sociedad confundida, sin esperanza de tener algún día un sistema judicial decente. Al llevar el proceso a la televisión, el procurador mexiquense, Alberto Bazbaz -o el procurador “Babas”, como se le conoce ya- renunció a su cargo y se lo entregó a la sociedad, cuyos miembros ahora deciden, un día sí y un día no, quién es culpable según su canal informativo de preferencia.

Nada está en su lugar: ni medios, ni sociedad, ni indiciados, ni sistema judicial. Esos son los días de locura que vivimos.

Cuando está por cumplir 84 años de edad, un periodista  con todas las de la ley se deja retratar, para la portada de la revista que fundó, abrazado por Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa y uno de los capos del narco más buscados por México y Estados Unidos, donde se ofrece recompensa millonaria a quien proporcione información para su captura.

Es un abrazo de cuates. No es el tradicional arrimón de los políticos mexicanos, quienes sólo por pudor no se besan en público, sino un abrazo como de amigos de la secundaria, gesto típico de cuando el partido de futbol se acabó y el maestro le dice al portero y al goleador del mismo equipo: “a ver, un abrazo para la foto”. (Aunque a Scherer le gusta dar unos manotazos que dejan la espalda adolorida).

“Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos”, escriben en el sumario de la entrevista los editores de la revista al citar una expresión de Scherer que ha quedado grabada con “hierro candente” en los colaboradores del periodista. Los periodistas somos lo que somos y no agentes del Ministerio Público. La entrevista, por  tanto, estaba más que justificada. El valor (en la doble acepción del término) está fuera de toda duda.

Pero, guardando todas las proporciones por los crímenes cometidos -y al margen de la discusión ética sobre la distancia entre el entrevistado y el entrevistador-, ¿se dejaría retratar Julio Scherer abrazado por Marcial Maciel?

Una cosa es entrevistar al Diablo en el mismo infierno y otra es dejarse abrazar por él: las llamas, esas sí, pueden abrasarnos.

Lo peor que le puede ocurrir al paquete de reformas en materia política propuesto por Felipe Calderón, es que los partidos políticos lo ninguneen en el Congreso o, de plano, hagan un boicot para evitar que los cambios sean aprobados.

Calderón no planeta nada nuevo: son reformas que la sociedad y la opinión públicada han demandado a gritos desde hace años, sin que los representantes populares electos (en el Congreso y en el Ejecutivo Federal) hubieran prestado atención.

Faltarían dos elementos que no aparecen por ningún lugar en lo dicho por Calderón:

La rendición de cuentas como una práctica reglamentada, más allá de los ordenamientos existentes sobre transparencia, que obligue a los funcionarios electos a dar cuenta e informar de manera precisa de lo que hacen y de cómo ejercen los presupuestos que se integran con el dinero de los ciudadanos.

El otro: el anuncio (al menos la declaración de que es imprescindible) de una verdadera reforma educativa, sin la cual ningún esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los mexicanos (económica, social, cultural y, desde luego, políticamente hablando), será eficaz en el mediano y largo plazos.

LAS PROPUESTAS

La reelección de alcaldes y delegados es una obviedad: la célula de la organización política y administrativa de la sociedad, la que directamente atiende a los ciudadanos en sus demandas más sentidas (seguridad, agua, servicios urbanos, mercados públicos, transporte local, etcétera), está condicionada a lo que un alcalde haga en tres años, pues su sucesor (es seguro) llegará a hacer todo de nuevo y a atacar a su antecesor. Por lo demás ¿qué plan de desarrollo municipal puede ser eficaz si apenas se puede llevar a cabo en dos años y medio? (Toma de dos a tres meses elaborarlo y ya se sabe que en los últimos seis meses de cualquier gobierno local ya no se hace nada).

Otro tanto pasa con la reelección de diputados y senadores, pues se supone que si existe la posibilidad de que repitan en el cargo, entonces buscarán acercarse permanentemente a sus electores para no sufrir el castigo de que sea el voto el que les impida la reelección. No está claro, sin embargo, si las clientelas políticas y partidistas serán eliminadas con esta medida o si los legisladores federales en funciones dejarán de servir más a sus partidos y dirigentes políticos (como ocurre ahora) para voletar la mirada a los ciudadanos de su demarcación o estado. Pero será un avance. 

La reducción del número de diputados y senadores será una de las medidas más polémicas y probablemente la que los partidos políticos no estén dispuestos a aceptar: menos diputados implica, entre muchas otras cosas, estas tres: rediseñar los distritos electorales (con la cauda de clientelas y dominios territoriales existentes), percibir menos ingresos económicos (pues habría menos campañas electorales locales) y que los partidos políticos tengan menos capacidad de control sobre sus (menos) diputados. La eliminación de 32 senadores tiene un propósito menos claro, pero quizá también atendible: dejar atrás la artificial sobre representación de los estados, diseñada más para satisfacer intereces político-electorales partidistas en las entidades y menos para atender el pacto federal que da origen a ese cuerpo legislativo.

En realidad lo que hace falta es un  nuevo diseño institucional del propio Congreso. Uno en donde se reforme la Ley Orgánica de ambas cámaras y se adopten nuevos ordenamientos internos acordes a la realidad de un país que ya no sirve más al poder omnímodo del Presidente. El actual modelo, donde las comisiones apenas si tienen relevancia y todo se resuelve en las sesiones plenarias, es inoperante, lento, no toma en cuenta a los ciudadanos (sino a los intereses de cada partido) y, sobre todo, responde al viejo modelo priísta donde el Presidente lo resolvía todo (desde lo Ejecutivo hasta lo Legislativo y aún lo Judicial).

Hay dos iniciativas más de verdad relevantes: la “iniciativa ciudadana” para presentar proyectos de ley y el establecimiento de candidaturas independientes. En ambos casos se atiende un viejo reclamo, pues los ciudadanos (o grupos de ciudadanos) estaban impedidos de presentar proyectos legislativos específicos o candidaturas locales (o federales) al margen de los partidos políticos, que detentan el monopolio de la representación popular y electoral.

El resto de las propuestas son atendibles: segunda vuelta presidencial, elevar el procentaje para que los partidos políticos conserven su registro, que la Suprema Corte de Justicia tenga facultades para presentar iniciativas de ley en su ámbito, facultar al Ejecutivo para que tenga la capacidad de presentar inciativas preferentes -y no le echen a perder algunas como la de energía-, y capacidad de veto presidencial mayor.

Por eso digo que es irrelevante que estas iniciativas las proponga ahora Calderón. Es decir: que los partidos políticos deben atender la sustancia de las mismas y no el hecho de que provengan de quien provienen. Son reformas largamente esperadas por la sociedad.

Como soy pesimista (y así me han hecho los actuales gobernantes y dirigentes que tenemos), no creo que las 10 propuestas de Calderón vayan a pasar sin enmiendas. Inclusive, creo que algunas serán rechazadas por completo.

Pero Calderón se está jugando el resto. Y no tiene de otra. Puede ser recordado como el presidente que hizo la reforma política más relevante desde 1977 (más relevante aún que la que permitió para el IFE su ciudadanización, en 1994, y su autonomía plena, en 1996) o sólo como el presidente que sacó al Ejército a las calles a una guerra sin fin (e inútil) y que acabó con el SME.