En los últimos días, fueron presentadas dos iniciativas políticas y sociales muy disímbolas que llaman, desde muy diferentes tribunas, a la reflexión sobre lo que debe ocurrir en el país.

Una de ellas fue dada a conocer apenas hace unas horas (el lunes a las 1000AM)  y contó con la cobertura masiva de los principales medios de comunicación, encabezados por los dueños de las dos televisoras dominantes: Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Fue la presentación en sociedad de Iniciativa México, una curiosa manera de hacerle caso a las autoridades federales de no dar a conocer sólo malas noticias vinculadas con el crimen, sino todo aquello que hacen miles de mexicanos por el bien de la comunidad y que apenas es difundido por los medios.

La otra iniciativa se llama Equidad social y parlamentarismo, argumentos para el debate de una época, y fue presentada el sábado pasado por José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, en representación del Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática, el centro de ideas fundado en 1989 y al que pertenecen medio centenar de periodistas, académicos y politólogos. A diferencia de la primera, la de Woldenberg contó con escasísima cobertura de medios.

¿Qué se busca?

No entiendo bien qué quieren lograr en el mediano plazo con Iniciativa México, si atendemos a los propósitos que le dan origen y que anuncian en su propia página (www.iniciativamexico.org).

En el más puro estilo de hablar sin decir nada, los promotores de Iniciativa México dicen que se trata de una convocatoria “sin precedente en un año histórico”, y que lo que busca es rescatar “al México dinámico y emprendedor así como reconocer y exaltar los esfuerzos de las personas que, con sus iniciativas, trabajan por el México que todos queremos”.

Muy bien, pero ¿cuál es el México que todos queremos? En la ceremonia fue presentado un video con personalidades que explican lo que esperan de México: sobran los buenos deseos y anhelos de ver una patria unida, trabajadora y en paz. Así nomás. Igual desfilaron en ese video Elena Poniatowska que Emilio Álvarez Icaza, Ricardo Zamora o Denise Dresser, quien minutitos antes, en el programa de radio con Carmen Aristegui, le había pegado una paliza a las televisoras que convocaban a la Iniciativa México.

Una vez más, era un llamado voluntarista (“los mexicanos somos más que nuestros problemas”, dijo Soledad Loaeza), y Carlos Loret de Mola cerró con un discurso como de concurso de oratoria preparatoriana (del tipo ¡échemosle ganas México! Que ya popularizó Javier Aguirre).

No hubo, en la presentación de la Iniciativa, presencia de ninguna autoridad ni local ni federal. Estuvieron, eso sí, los directores y rectores de las principales instituciones de Educación Superior así como el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

¿Cuál era el mensaje además de mostrar la musculatura a la que ya nos tienen acostumbrados Televisa y TV Azteca? Porque, una vez más, lograron convocar a una porción muy importante de la inteligencia nacional (rectores e intelectuales), y a los dueños de diarios y radiodifusoras, en la lógica, quizá, del “podemos hacerlo sin el gobierno”.

Lo único que se echa de menos en esta iniciativa mediática, es la solución de continuidad. ¿Cuántos meses durará el impulso? Pocos y luego, otra vez, a lo de siempre. Porque este compromiso es simple (o simplón): No digo que esté mal reconocer a quienes hacen y han hecho cosas buenas para el país. Desde luego. Lo malo es que si la misma Iniciativa México no propone lo que estructuralmente debe cambiar en el país, todo quedará en una acción de relumbrón, tan relevante como el Teletón, pero nada más.

Del otro lado, lo que Woldenberg presentó fue un documento con dos ejes: Equidad y parlamentarismo. “Dos reformas, sólo dos, que concentren todos los esfuerzos para modifi­car el rostro enmarañado y pesimista del país”.

Como en ese documento, de 56 páginas, se presentaron muchas ideas y un largo diagnóstico, vale la pena que le dedique un comentario por separado.

Me quedo por ahora con la congoja de que sean los poderes mediáticos los que nos convoquen a reflexionar, en una acción más bien parecida a un reality tipo Big Brother que a una discusión profunda, sobre el rumbo que debe seguir el país. (Continuará)

Cuando está por cumplir 84 años de edad, un periodista  con todas las de la ley se deja retratar, para la portada de la revista que fundó, abrazado por Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa y uno de los capos del narco más buscados por México y Estados Unidos, donde se ofrece recompensa millonaria a quien proporcione información para su captura.

Es un abrazo de cuates. No es el tradicional arrimón de los políticos mexicanos, quienes sólo por pudor no se besan en público, sino un abrazo como de amigos de la secundaria, gesto típico de cuando el partido de futbol se acabó y el maestro le dice al portero y al goleador del mismo equipo: “a ver, un abrazo para la foto”. (Aunque a Scherer le gusta dar unos manotazos que dejan la espalda adolorida).

“Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos”, escriben en el sumario de la entrevista los editores de la revista al citar una expresión de Scherer que ha quedado grabada con “hierro candente” en los colaboradores del periodista. Los periodistas somos lo que somos y no agentes del Ministerio Público. La entrevista, por  tanto, estaba más que justificada. El valor (en la doble acepción del término) está fuera de toda duda.

Pero, guardando todas las proporciones por los crímenes cometidos -y al margen de la discusión ética sobre la distancia entre el entrevistado y el entrevistador-, ¿se dejaría retratar Julio Scherer abrazado por Marcial Maciel?

Una cosa es entrevistar al Diablo en el mismo infierno y otra es dejarse abrazar por él: las llamas, esas sí, pueden abrasarnos.

Lo peor que le puede ocurrir al paquete de reformas en materia política propuesto por Felipe Calderón, es que los partidos políticos lo ninguneen en el Congreso o, de plano, hagan un boicot para evitar que los cambios sean aprobados.

Calderón no planeta nada nuevo: son reformas que la sociedad y la opinión públicada han demandado a gritos desde hace años, sin que los representantes populares electos (en el Congreso y en el Ejecutivo Federal) hubieran prestado atención.

Faltarían dos elementos que no aparecen por ningún lugar en lo dicho por Calderón:

La rendición de cuentas como una práctica reglamentada, más allá de los ordenamientos existentes sobre transparencia, que obligue a los funcionarios electos a dar cuenta e informar de manera precisa de lo que hacen y de cómo ejercen los presupuestos que se integran con el dinero de los ciudadanos.

El otro: el anuncio (al menos la declaración de que es imprescindible) de una verdadera reforma educativa, sin la cual ningún esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los mexicanos (económica, social, cultural y, desde luego, políticamente hablando), será eficaz en el mediano y largo plazos.

LAS PROPUESTAS

La reelección de alcaldes y delegados es una obviedad: la célula de la organización política y administrativa de la sociedad, la que directamente atiende a los ciudadanos en sus demandas más sentidas (seguridad, agua, servicios urbanos, mercados públicos, transporte local, etcétera), está condicionada a lo que un alcalde haga en tres años, pues su sucesor (es seguro) llegará a hacer todo de nuevo y a atacar a su antecesor. Por lo demás ¿qué plan de desarrollo municipal puede ser eficaz si apenas se puede llevar a cabo en dos años y medio? (Toma de dos a tres meses elaborarlo y ya se sabe que en los últimos seis meses de cualquier gobierno local ya no se hace nada).

Otro tanto pasa con la reelección de diputados y senadores, pues se supone que si existe la posibilidad de que repitan en el cargo, entonces buscarán acercarse permanentemente a sus electores para no sufrir el castigo de que sea el voto el que les impida la reelección. No está claro, sin embargo, si las clientelas políticas y partidistas serán eliminadas con esta medida o si los legisladores federales en funciones dejarán de servir más a sus partidos y dirigentes políticos (como ocurre ahora) para voletar la mirada a los ciudadanos de su demarcación o estado. Pero será un avance. 

La reducción del número de diputados y senadores será una de las medidas más polémicas y probablemente la que los partidos políticos no estén dispuestos a aceptar: menos diputados implica, entre muchas otras cosas, estas tres: rediseñar los distritos electorales (con la cauda de clientelas y dominios territoriales existentes), percibir menos ingresos económicos (pues habría menos campañas electorales locales) y que los partidos políticos tengan menos capacidad de control sobre sus (menos) diputados. La eliminación de 32 senadores tiene un propósito menos claro, pero quizá también atendible: dejar atrás la artificial sobre representación de los estados, diseñada más para satisfacer intereces político-electorales partidistas en las entidades y menos para atender el pacto federal que da origen a ese cuerpo legislativo.

En realidad lo que hace falta es un  nuevo diseño institucional del propio Congreso. Uno en donde se reforme la Ley Orgánica de ambas cámaras y se adopten nuevos ordenamientos internos acordes a la realidad de un país que ya no sirve más al poder omnímodo del Presidente. El actual modelo, donde las comisiones apenas si tienen relevancia y todo se resuelve en las sesiones plenarias, es inoperante, lento, no toma en cuenta a los ciudadanos (sino a los intereses de cada partido) y, sobre todo, responde al viejo modelo priísta donde el Presidente lo resolvía todo (desde lo Ejecutivo hasta lo Legislativo y aún lo Judicial).

Hay dos iniciativas más de verdad relevantes: la “iniciativa ciudadana” para presentar proyectos de ley y el establecimiento de candidaturas independientes. En ambos casos se atiende un viejo reclamo, pues los ciudadanos (o grupos de ciudadanos) estaban impedidos de presentar proyectos legislativos específicos o candidaturas locales (o federales) al margen de los partidos políticos, que detentan el monopolio de la representación popular y electoral.

El resto de las propuestas son atendibles: segunda vuelta presidencial, elevar el procentaje para que los partidos políticos conserven su registro, que la Suprema Corte de Justicia tenga facultades para presentar iniciativas de ley en su ámbito, facultar al Ejecutivo para que tenga la capacidad de presentar inciativas preferentes -y no le echen a perder algunas como la de energía-, y capacidad de veto presidencial mayor.

Por eso digo que es irrelevante que estas iniciativas las proponga ahora Calderón. Es decir: que los partidos políticos deben atender la sustancia de las mismas y no el hecho de que provengan de quien provienen. Son reformas largamente esperadas por la sociedad.

Como soy pesimista (y así me han hecho los actuales gobernantes y dirigentes que tenemos), no creo que las 10 propuestas de Calderón vayan a pasar sin enmiendas. Inclusive, creo que algunas serán rechazadas por completo.

Pero Calderón se está jugando el resto. Y no tiene de otra. Puede ser recordado como el presidente que hizo la reforma política más relevante desde 1977 (más relevante aún que la que permitió para el IFE su ciudadanización, en 1994, y su autonomía plena, en 1996) o sólo como el presidente que sacó al Ejército a las calles a una guerra sin fin (e inútil) y que acabó con el SME.

Los diputados aprobaron ayer un impuesto adicional del 3 por ciento a telecomunicaciones, lo que en lenguaje simple significa que Internet costará más y que las desigualdades en materia de acceso digital a la información y los conocimientos, seguirán creciendo.

Hay algo que verdaderamente incomoda: el gobierno de Calderón se propone dejar intacto el sistema educativo y su alianza con la dirigente nacional y vitalicia del magisterio Elba Esther Gordillo. Si a ello sumamos el encarecimiento de las comunicaciones y el abierto embate contra Internet -suponiendo, quizá, que quienes contratan y se comunican a través de la Red, son los estúpidamente ricos del país-, entonces el escenario de un país realmente atrasado y poco competitivo lo tenemos enfrente.

Gordillo

Conocimientos y educación, dos tópicos que Felipe Calderón desprecia, aunque en el discurso de dientes afuera diga lo contrario. Se ha dicho una y otra vez que el golpe de mano contra el Sindicato Mexicano de Electricistas carecerá de significado, si no forma parte de una estrategia bien coordinada de combate a los monopolios (entre estos el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE) y si continúa con prebendas a empresas que se han beneficiado con creces de los favores gubernamentales, como Televisa.

Azcárraga

Ayer mismo, al modificar la Ley Federal de Derechos, en el marco de la discusión del Paquete de Ingresos 2010, se abrió una vía para que la empresa de Emilio Azcárraga deje de pagar al erario mil 900 millones de pesos. ¿Por qué?, pues porque Televisa es aliada de Calderón, quien supone ingenuamente inteligentemente  que la empresa lo apoyará en las elecciones del año entrante (10 gobiernos estatales y múltiples municipalidades) y, sobre todo, en las del 2012.

Javier Corral, el rebelde diputado del PAN, señaló con claridad, ante un pleno cameral repleto de legisladores, que “no se puede exigir al pueblo de México, como lo acabamos de votar y yo a favor de ello, 30 mil millones de pesos por la vía del IVA, y al mismo tiempo extender un diferimiento para el pago del uso de derechos por uso de espectro radioeléctrico por mil 900 millones de pesos a una sola empresa.

“Esta Cámara tiene que preguntarse por qué concede un privilegio de este tamaño, por cierto al operador dominante de la televisión. Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario, que es la empresa de televisión Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahertz cada una en el espectro radioeléctrico, para servicios móviles, incluida la telefonía”, dijo. (Cita tomada del diario Reforma)

Corral

Nadie les ha dicho a los operadores de Los Pinos -bastante ineficientes, por cierto-, que las televisoras no serán aliadas del PAN, pues ya lo son del PRI con Enrique Peña Nieto -y en menor medida del PRD con Ebrard, para minar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador.

El futuro del país está aún más comprometido ahora: Lejos de una educación de calidad y sin controles del sindicato, y de una política que acerque (y no aleje) a los ciudadanos a las Tecnologías de la Información.

El PAN sigue cavando con ahínco su tumba. Que me presten una pala.

Esta tarde habrá una macro marcha. Al menos así está anunciada. Estarán todos los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), miles de afiliados y decenas de miles de simpatizantes tanto de los electricistas como de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. Veremos, también, cuantos ciudadanos de a pie, sin vínculos con el SME o López Obrador y su entorno, logran convocar (de esos ciudadanos que llenan estadios y mientan madres por el mal servicio de la compañía y de sus trabajadores).

AMLO

No creo, sin embargo, que ni esta ni alguna otra marcha, eche atrás el decreto de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza (CLyFC) ni el proceso de pago de liquidaciones y bonificaciones que el gobierno  ya comenzó.

Así que será el verdadero inicio de una confrontación político - sindical que buscará dirimirse en las calles. Que quede claro, los oídos de todos estarán bloqueados con gruesos tapones de cerumen: nadie va a escuchar a nadie. Ni el gobierno al SME ni el sindicato a Calderón.

Ebrard

Pueden apostar al desquiciamiento de la ciudad. Marcelo Ebrard se quedará quieto en su silla de jefe de Gobierno, mirando a los marchistas pasar y sumando (cree él) puntos para su candidatura.

Los ganones, apuesto triple a sencillo, serán los del PRI: Apoyan en voz baja la medida de liquidación de LyFC, pues les quita del camino al 2012 un monstruoso estorbo que ellos crearon y auparon, sin mancharse las manos. Y dejarán que sean los del PRD los que salgan a las calles a mentar madres.

Peña Nieto

¡Ah, qué dicha! El mejor de los mundos posibles. El copete de Enrique Peña Nieto se mantendrá igual de tieso y en su lugar.