Lo peor que le puede ocurrir al paquete de reformas en materia política propuesto por Felipe Calderón, es que los partidos políticos lo ninguneen en el Congreso o, de plano, hagan un boicot para evitar que los cambios sean aprobados.
Calderón no planeta nada nuevo: son reformas que la sociedad y la opinión públicada han demandado a gritos desde hace años, sin que los representantes populares electos (en el Congreso y en el Ejecutivo Federal) hubieran prestado atención. 
Faltarían dos elementos que no aparecen por ningún lugar en lo dicho por Calderón:
La rendición de cuentas como una práctica reglamentada, más allá de los ordenamientos existentes sobre transparencia, que obligue a los funcionarios electos a dar cuenta e informar de manera precisa de lo que hacen y de cómo ejercen los presupuestos que se integran con el dinero de los ciudadanos.
El otro: el anuncio (al menos la declaración de que es imprescindible) de una verdadera reforma educativa, sin la cual ningún esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los mexicanos (económica, social, cultural y, desde luego, políticamente hablando), será eficaz en el mediano y largo plazos.
LAS PROPUESTAS
La reelección de alcaldes y delegados es una obviedad: la célula de la organización política y administrativa de la sociedad, la que directamente atiende a los ciudadanos en sus demandas más sentidas (seguridad, agua, servicios urbanos, mercados públicos, transporte local, etcétera), está condicionada a lo que un alcalde haga en tres años, pues su sucesor (es seguro) llegará a hacer todo de nuevo y a atacar a su antecesor. Por lo demás ¿qué plan de desarrollo municipal puede ser eficaz si apenas se puede llevar a cabo en dos años y medio? (Toma de dos a tres meses elaborarlo y ya se sabe que en los últimos seis meses de cualquier gobierno local ya no se hace nada).
Otro tanto pasa con la reelección de diputados y senadores, pues se supone que si existe la posibilidad de que repitan en el cargo, entonces buscarán acercarse permanentemente a sus electores para no sufrir el castigo de que sea el voto el que les impida la reelección. No está claro, sin embargo, si las clientelas políticas y partidistas serán eliminadas con esta medida o si los legisladores federales en funciones dejarán de servir más a sus partidos y dirigentes políticos (como ocurre ahora) para voletar la mirada a los ciudadanos de su demarcación o estado. Pero será un avance.
La reducción del número de diputados y senadores será una de las medidas más polémicas y probablemente la que los partidos políticos no estén dispuestos a aceptar: menos diputados implica, entre muchas otras cosas, estas tres: rediseñar los distritos electorales (con la cauda de clientelas y dominios territoriales existentes), percibir menos ingresos económicos (pues habría menos campañas electorales locales) y que los partidos políticos tengan menos capacidad de control sobre sus (menos) diputados. La eliminación de 32 senadores tiene un propósito menos claro, pero quizá también atendible: dejar atrás la artificial sobre representación de los estados, diseñada más para satisfacer intereces político-electorales partidistas en las entidades y menos para atender el pacto federal que da origen a ese cuerpo legislativo.
En realidad lo que hace falta es un nuevo diseño institucional del propio Congreso. Uno en donde se reforme la Ley Orgánica de ambas cámaras y se adopten nuevos ordenamientos internos acordes a la realidad de un país que ya no sirve más al poder omnímodo del Presidente. El actual modelo, donde las comisiones apenas si tienen relevancia y todo se resuelve en las sesiones plenarias, es inoperante, lento, no toma en cuenta a los ciudadanos (sino a los intereses de cada partido) y, sobre todo, responde al viejo modelo priísta donde el Presidente lo resolvía todo (desde lo Ejecutivo hasta lo Legislativo y aún lo Judicial).
Hay dos iniciativas más de verdad relevantes: la “iniciativa ciudadana” para presentar proyectos de ley y el establecimiento de candidaturas independientes. En ambos casos se atiende un viejo reclamo, pues los ciudadanos (o grupos de ciudadanos) estaban impedidos de presentar proyectos legislativos específicos o candidaturas locales (o federales) al margen de los partidos políticos, que detentan el monopolio de la representación popular y electoral.
El resto de las propuestas son atendibles: segunda vuelta presidencial, elevar el procentaje para que los partidos políticos conserven su registro, que la Suprema Corte de Justicia tenga facultades para presentar iniciativas de ley en su ámbito, facultar al Ejecutivo para que tenga la capacidad de presentar inciativas preferentes -y no le echen a perder algunas como la de energía-, y capacidad de veto presidencial mayor.
Por eso digo que es irrelevante que estas iniciativas las proponga ahora Calderón. Es decir: que los partidos políticos deben atender la sustancia de las mismas y no el hecho de que provengan de quien provienen. Son reformas largamente esperadas por la sociedad.
Como soy pesimista (y así me han hecho los actuales gobernantes y dirigentes que tenemos), no creo que las 10 propuestas de Calderón vayan a pasar sin enmiendas. Inclusive, creo que algunas serán rechazadas por completo.
Pero Calderón se está jugando el resto. Y no tiene de otra. Puede ser recordado como el presidente que hizo la reforma política más relevante desde 1977 (más relevante aún que la que permitió para el IFE su ciudadanización, en 1994, y su autonomía plena, en 1996) o sólo como el presidente que sacó al Ejército a las calles a una guerra sin fin (e inútil) y que acabó con el SME.
Al presentar su decálogo, Calderón anunció que los cambios ocurrirían sin importar banderas políticas o militancias partidistas y asumiendo las consecuencias de tales medidas. Sabremos si va en serio.
Mar, Dic 15, 2009